El juzgado quiere evitar "el escándalo de curas esposados" en el caso de los abusos sexuales Los 12 acusados declararán durante este fin de semana para atajar la repercusión mediática, según fuentes judiciales Y lo harán como imputados, de manera que se garanticen sus derechos, aunque no se descarta que se llame como testigo al arzobispo de Granada, cuya actuación está muy cuestionada Los adinerados miembros del llamado Clan de los Romanones destacan por sus relaciones con la alta sociedad granadina y la curia local No se descarta que pueda haber más víctimas Por Jesús Bastante el diario 20 de Noviembre, 2014 Vista de los juzgados de Granada en Google Maps. La denuncia de Daniel (nombre falso) sobre los abusos a los que varios sacerdotes de Granada lo sometieron durante años –desde los 13 o 14 años hasta su mayoría de edad– ha puesto en jaque al arzobispo de Granada, Javier Martínez, y ha dado pie a una investigación en la que se ha implicado personalmente el propio papa Francisco. Una investigación que, tras haber tomado declaración a presuntas víctimas y testigos, verá desfilar este fin de semana ante el juez a los diez curas y dos laicos sospechosos de haber cometido o amparado esas vejaciones, el llamado Clan de los Romanones.    Todos acudirán ante el magistrado como imputados –y no como testigos– para asegurar "que se cumple con las garantías" de los investigados, según fuentes judiciales. Esto quiere decir que podrán ir acompañados por sus abogados y tendrán derecho a no declarar, e incluso a mentir. Después de las declaraciones, el magistrado determinaría si pasan a disposición judicial de forma inmediata o si pueden regresar a sus casas manteniendo las imputaciones. La decisión de que todo esto ocurra en fin de semana busca "evitar el escándalo de imágenes de religiosos esposados circulando por Granada", según han confirmado a eldiario.es fuentes cercanas al caso. La investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada entiende que la existencia de abusos está más que acreditada. Por eso no se descarta llamar como testigo al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, la semana próxima. Martínez, entonces, no podría levantar falso testimonio, y sus palabras se compararían con las del resto de los testigos –incluidas las víctimas– que ya han declarado. Tan cuestionada está la labor del prelado que Jorge Bergoglio se encargó de llamar por teléfono una segunda vez al afectado para pedirle perdón por cómo se había manejado el tema en España, y recordándole que tiene todo su apoyo para esclarecer los hechos y señalar a los culpables. En el Vaticano sospechan que Martínez intentó ocultar los hechos y proteger a los acusados, alguno de los cuales es miembro de la curia de Granada y, por lo tanto, colaborador directo del arzobispo. Y esto a pesar de que la información del caso de pederastia había llegado directamente desde Roma.   El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha reconocido que puede haber más víctimas. En la denuncia que el joven (que hoy tiene 24 años) dirigió inicialmente a la Fiscalía Superior de Andalucía manifestaba que lo que le ocurrió a él durante años podría haberle pasado también a otras personas, y citaba en concreto a cuatro, aunque desconocía si estas supuestas víctimas seguían aún bajo la influencia del grupo de sacerdotes a los que acusa como presuntos autores de los abusos. Unos culpables que no sólo están muy relacionados con la cúpula de la Iglesia en Granada, sino que pertenecen a lo más selecto de la sociedad granadina, con una posición económica acomodada y numerosas propiedades. La actuación del arzobispo, en la mira Fuentes consultadas por eldiario.es aseguran que "no es de recibo" que Martínez "no supiera nada" de estos hechos o que no actuara contra todos los implicados por petición de la víctima o de la Santa Sede. "Y las dos investigaciones son paralelas y secretas: del mismo modo que suspendió a tres de los sacerdotes (presuntos ejecutores materiales) podía haber suspendido a los conocedores. "Encubrir también es un delito", subrayan estas fuentes, que han mostrado su malestar porque desde entornos cercanos al prelado se esté tratando de difundir la "falsa idea" de que los abusos se produjeron durante la época en la que el cardenal Cañizares era arzobispo de Granada. Los abusos a Daniel tuvieron lugar "esencialmente" entre 2006-2007, y Javier Martínez es arzobispo de Granada desde el 1 de junio de 2003. Mientras los detalles de esta truculenta historia empiezan a asomar, la reconstrucción de los hechos que ha podido hacer eldiario.es deja claro que la actuación de las autoridades eclesiales de la diócesis tras conocer este tema ha sido, cuando menos, poco operativa.   24 de julio. Daniel escribe una carta, de cinco folios, explicando al Papa la situación de abusos sufrida cuando era menor de edad y solicitándole ayuda para que los responsables de dichos abusos –y sus encubridores– no queden impunes. 10 de agosto. El papa Francisco llama por teléfono a Daniel y le pide perdón "en nombre de toda la Iglesia de Cristo. Perdona este gravísimo pecado y gravísimo delito que has sufrido. Perdona, hijo mío, tanto dolor ocasionado y tanto como habrás sufrido. Estas heridas hacen que la Iglesia se resienta al completo", le dice. Durante la llamada, Bergoglio le garantiza que cuenta con todo su apoyo. "Yo tengo próximo el viaje a Corea –le aclara– pero ya hay gente trabajando para que todo esto se pueda resolver". Entre el 11 y el 20 de agosto. Daniel llama al arzobispo de Granada. Había quedado con el Papa en que, para ganar tiempo, llamaría a monseñor Martínez, y mientras tanto recibiría instrucciones escritas desde Roma. Como durante ese mes el arzobispo no estaba en Granada, la hermana Teresa, vicecanciller, le pregunta que de qué se trata y le dice que es urgente, que no se lo puede explicar a ella, que es una cosa de la Santa Sede. Ella le dice que el arzobispo "ya le llamará".  29 de agosto. Daniel, por indicación de personas cercanas, llama a Javier Martínez por la mañana. El arzobispo le cita para esa misma tarde. La conversación es tensa. En la reunión, en el palacio, el arzobispo tiene delante los papeles de la Santa Sede y la copia de su carta al Papa. El arzobispo pide perdón a Daniel y se compromete a investigar con urgencia, poniéndose a su entera disposición. Días después, Javier Martínez también recibe a sus padres y les anuncia que se ha iniciado la investigación. 2 o 3 de octubre. Los jueces van a Granada y toman declaración a dos víctimas. El día 9 de octubre, jueves, dos jueces eclesiásticos de Valencia reciben declaración a Daniel, desplazándose al norte de España. El arzobispo de Granada recibe a Daniel, le dice que los tres autores materiales son culpables y que va a adoptar medidas contra ellos. Que los otros siete y los dos laicos son víctimas como Daniel y los demás. La víctima se indigna ante el hecho de que los encubridores puedan salir libres de todo y se marcha de la sede arzobispal. 10 de octubre. El Papa vuelve a llamar a Daniel y le dice que lo invita a la comisión de expertos y le pide perdón por cómo se había desarrollado su interrogatorio. 14 de octubre. Daniel denuncia los hechos ante el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El arzobispo le informa, dos días después (16 de octubre), de que él no puede denunciar al ser Daniel mayor de edad, y que estará a lo que resulte de la investigación. 18 de octubre. El arzobispo presenta a la Fiscalía Provincial de Granada un escrito denunciando unos hechos en los que están implicados unos sacerdotes, tres al parecer, que están relacionados directamente con la denuncia previamente interpuesta por Daniel ante el Fiscal Superior. El Arzobispado, según el escrito, quiere "asegurar su colaboración plena para la erradicación de estos delitos". Finales de octubre. La Fiscalía Superior de Andalucía abrió diligencias informativas e instó a la Fiscalía Provincial a denunciar los hechos. A comienzos de noviembre, según el TSJA, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada incoó diligencias de investigación penal, que afectan a una docena de encausados (diez sacerdotes y dos laicos), encargando a la Policía Judicial la localización de las personas denunciadas, y de los testigos que puedan acreditar "la situación padecida por el denunciante y por otros menores, que deberán igualmente identificarse". La denuncia también habla de la asistencia psicológica y el tratamiento farmacológico recibido por el denunciante, y se reserva el derecho de pedir el testimonio de la facultativa.

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